OESSP 20/04/19. Escribe Lorena Mendoza. Los últimos meses de marzo y abril las voces del Presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, los dirigentes de la comunidad de Fuerabamba y representantes de la empresa Minerals and Metals Group (MMG) giraron en torno al conflicto sobre el yacimiento minero Las Bambas.
Las Bambas es un yacimiento minero de la empresa MMG de origen chino ubicada en el distrito de Chalhuahuacho, en el pueblo de Fuerabamba, en el departamento de Apurímac. Originalmente Las Bambas estuvo bajo la propiedad de la empresa Glencore Xstrata, pero para abril del 2014 anunció la venta de este proyecto al consorcio de origen chino Minerals and Metals Group.
Inicialmente Glencore Xstrata firmó un acuerdo con la comunidad de Fuerabamba, el cual, la minera ototgó terrenos, más de 440 viviendas para su reasentamiento, dinero y el traslado del mineral por medio de un mineroducto. Una vez realizada la compra-venta con MMG se desencadenaron escenarios de conflicto en los años 2015 y 2016 por la contaminación se sus aguas y la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la MMG. Este hecho dejó 4 muertos y 23 heridos en el 2015 y un muerto y 35 heridos en el 2016.
Este año los pobladores de la comunidad de Fuerabamba, se organizaron y teniendo al frente a su dirigente Gregorio Rojas, clausuraron por más de dos meses la carretera que atravesaba el fundo Yavi Yavi la cual reclaman como propiedad comunal. Esta misma carretera fue declarada como carretera nacional por el Estado debido a que esta está siendo utilizada como vía de traslado del mineral extraído. Acto que desacredita al Estado como mediador del conflicto ante la comunidad y es tomado como ofensa por sus pobladores.
Chalhuahuacho es un distrito con 9 959 pobladores ubicado a 3 698 m.s.n.m., cuya altura permite la actividad agrícola y la pecuaria como sustento económico en sus comunidades. Entre ellas, está la comunidad de Fuerabamba que antes de ser reasentada, debido al yacimiento minero antes mencionado, subsistía de la cosecha de sus tierras. Con la propuesta minera a inicios de 2004 la comunidad encuentra una oportunidad laboral en la construcción de la minera ofrecida por la misma empresa. Sin embargo, el establecimiento minero irrumpe en el mundo agrícola de la comunidad amparando la economía extractivista y desplazando la economía agrícola familiar y comunal. Es así que, con el reasentamiento, la comunidad fuerabambina fue rompiendo el vínculo genuino con sus tierras y con ello el sentir de pertenencia e identidad territorial.
A esto se sumó la detención de los 19 comuneros de Fuerabamba bajo las acusaciones de delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos en las protestas, representa, una desconexión entre el Estado y la comunidad, y desde el sentir de la comunidad simboliza el quebrantamiento de sus derechos.
En este panorama, Red Muqui es una institución que articula a otras instituciones a nivel local, regional, nacional e internacional a fin de promover la participación de comunidades y el reconocimiento de sus derechos. Es así que, Red Muqui ha extendido su apoyo con asesoría legal a la comunidad de Fuerabamba debido a la criminalización de sus dirigentes por la defensa de sus tierras.
Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui en una entrevista para el Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular realiza un análisis respecto a los derechos que vienen siendo vulnerados dentro del conflicto aclarando que “en los mecanismos de procesos administrativos o de gestión ambiental quien presenta los estudios es un consultor contratado por la empresa minera, la misma que establece las zonas de influencia en un EIA. Bajo esta misma lógica la empresa pasa por encima de los derechos colectivos de la comunidad, como el derecho a la consulta previa o las tierras de propiedad comunal para facilitar el transporte de su mineral”. Esta desapropiación se vuelve más compleja por la conexión con la tierra que establecen las comunidades ancestrales, perdiendo la relación de pertenencia con su territorio.
El ingeniero Edwin Alejandro Berrospi, de la misma institución, recalcó la complejidad del reasentamiento para comunidad porque este “altera directamente sus condiciones de vida y actividades económicas refiriendo que las casas chacras se ubicaban anteriormente junto a sus viviendas, lo que cambió con el reasentamiento, ya que sus fundos pasaron a ubicarse a varias horas de distancia de sus viviendas”. Sumado a esto, la tecnología traída a Nueva Fuerabamba como paneles solares, pistas, automóviles, restaurantes, bares, entre otros, “pretende urbanizar el modo de vida de la comunidad”.
Javier Jahncke añade que “la alimentación de los pobladores de la zona depende principalmente de la producción de su tierra y la toxicidad, producto de la polución, recae en las plantas que son alimentos de los animales, terminando así, de alterar el modo de vida de las 137 comunidades ubicadas alrededor del corredor minero”.
El pasado 6 de abril se firmó un acuerdo entre los actores del conflicto, el cual estuvo mediado por el Presidente de Consejo de Ministros y contempla una retribución económica por parte de la minera Las Bambas a la comunidad. Pero lejos de simbolizar el cierre del conflicto, este acuerdo marca el inicio de un largo proceso de diálogo, debido la complejidad del problema y por la criticada dilatación por parte del Ministerio Publico a los reclamos judiciales de los comuneros.
Foto de La Patria