Los abusos flagrantes cometidos por minera Yanacocha contra la familia Acuña-Chaupe, los más recientes ocurridos el pasado martes 3 de febrero, donde alrededor de cien efectivos de la dirección de operaciones especiales de la Policia Nacional del Perú y personal de seguridad privado de la empresa Yanacocha, destruyó a viva fuerza una construcción de metro y medio de altura en un predio de su propiedad. Hechos denunciados por diversos medios de comunicación, redes sociales y que han generado diversas formas de solidaridad con su lucha y resistencia. Abusos que no sólo muestran una violación de derechos humanos fundamentales, que se supone poseen las y los ciudadanos de cualquier sociedad democrática, sino además las tensiones desenvueltas entre las economías comunitarias y las industrias extractivas, como la minería a tajo abierto, depredadoras de bienes fundamentales para la vida como el agua y la tierra.
Ante el clima de zozobra e intimidación que viven diariamente campesinos y campesinas, ronderos y ronderas, ciudadanas y ciudadanos de Cajamarca, que se oponen al proyecto minero Conga, animado por minera Yanacocha, el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú gestionó y obtuvo la medida cautelar 452-Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que demanda defender la vida, integridad y derechos de la familia Acuña-Chaupe.
Las tensiones entre economías comunitarias e industrias extractivas puede ilustrarse a través del estudio de Torres y Castillo (2012), que compartimos líneas abajo, donde se indica que: "La zona específica en la que se pretenden instalar las operaciones de extracción de cobre y oro a tajo abierto por el proyecto minero Conga de la Minera Yanacocha SRL, es el ecosistema jalca del que nacen cinco subcuencas. Este proyecto pondría en riesgo a la actividad agropecuaria de cuatro distritos: Huasmin, Sorochuco (Provincia de Celendín), Bambamarca (Provincia de Hualgayoc), Encañada (Provincia de Cajamarca), con 21,000 unidades agropecuarias y 48,000 ha que producen 30 cultivos alimenticios distintos y 60,000 Tn de leche fresca anual; que otorgan a esta zona en riesgo la capacidad de producir anualmente 65 millones de soles en productos agrícolas y 52 millones de soles en leche fresca, que se eslabonan a otras actividades económicas. La intensa actividad agropecuaria está determinada por el complejo hidrobiológico superficial y subterráneo que se origina en la jalca y que influye directa e indirectamente a cultivos y crianzas en las épocas lluviosas y de estiaje de cada año (...) Las 3,000 ha de jalca en las que se distribuirían las instalaciones del proyecto minero (tajos abiertos, botaderos y canchas de relave) y las explosiones a las que se sometería la zona, no sólo implica la contaminación del sistema hidrobiológico superficial y subterráneo, sino también la destrucción de los sistemas de agua subterránea."
Nos sumamos a la ola de indignación y solidaridad que el caso de la familia Acuña-Chaupe genera hoy y llamamos la atención sobre el peso y potencialidad que las economías comunitarias, animadas por las familias campesinas de Perú y otros países del mundo con realidades similares, poseen frente a las dinámicas económicas depredadoras de la vida del mercado capitalista.
