OESSP 22/10/17. Escribe: Alejandro Valdivieso. Desde el departamento de Ayacucho, provincia de Huamanga, distrito de Vinchos, centro poblado de Ccoñani, llegan a Lima entre 1982 y 1985 un gran número de personas desplazadas por la violencia política que azotó al país. Ellas y ellos se asientan en el distrito de San Juan de Miraflores, exactamente en la zona de Pamplona Alta, junto a otras y otros desplazados provenientes de centros poblados de Vinchos.
Finalizado el periodo de violencia, deciden organizarse para hacer valer sus derechos que como víctimas del conflicto armado les corresponden. Es así que surge Ricchary hijos de Ccoñani, organización que reúne alrededor de sesenta familias y esta reconocida por el Consejo Multisectorial de Alto Nivel (CMAN).
Ricchary significa “despertar”. Manuel Lorenzo, su actual presidente, señala que su gente necesitaba despertar para tomar conciencia de que el Estado tenía una deuda que saldar, de manera obligatoria con ellas y ellos, por su condición de desplazados.
La primera labor asumida por su dirigencia fue la de obtener la acreditación como víctimas. Esto les tomó -según Silvino Cueva, funcionario de la Dirección de Desplazados y Cultura de Paz del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- alrededor de diez años.
En la actualidad, la mayoría de las personas integrantes de Ricchary cuentan con una acreditación de víctima, es decir, está inscrita en el libro uno del Registro Único de Víctimas (RUV). Es recién, en el 2016, que Ricchary obtiene la acreditación como una organización víctima lo cual la hace acreedora de las “reparaciones colectivas”.
El Plan Integral de Reparaciones (PIR) da cuenta de 7 programas de reparaciones: Programa de reparaciones económicas, Programa de reparaciones en salud, Programa de reparaciones en educación, Programa de reparaciones en acceso habitacional, Programa de reparaciones colectivas, Programa de reparaciones simbólicas, Programa de restitución de derechos ciudadanos. Habría que aclarar que las víctimas por desplazamiento forzado no son acreedoras de reparaciones económicas.
Con la mayoría de sus miembros acreditados, así como ella misma, Ricchary empieza una labor intensa para comenzar a obtener algunos de los beneficios que les ofrece cada uno de los programas del PIR.
El 1 de octubre de 2017, en el local de la “Casa de la Juventud de San Juan de Miraflores”, las organizaciones de desplazados de este distrito, entre ellas Ricchary, de la mano con la Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades en Reconstrucción del Perú (CONDECOREP), invitaron a Daniel Sanchez, jefe de la CMAN, a una reunión donde la población le hiciera llegar las inquietudes, reclamos, dudas, etc. sobre los avances del PIR. Este funcionario señaló que se ha avanzado poco, pero que se está trabajando y que “no se pueden hacer cambios de la noche a la mañana debido a que la CMAN no cuenta con el presupuesto necesario”.
Se pudo constatar, en dicha reunión, que la mayoría de las y los participantes hacían preguntas basadas en sus situaciones personales ya sea con respecto a la educación, la vivienda o la salud. El desligamiento entre dirigentes y bases impidió, por ejemplo, incidir en reclamos con respecto a reparaciones colectivas o simbólicas.
Pero ¿por qué hacer hincapié en este tipo de reparaciones? Porque las reparaciones colectivas son una ventana para que los y las integrantes de Ricchary desenvuelvan proyectos en materia económico social. Actualmente la mayoría de miembros de Ricchary labora en el comercio de la fruta en el distrito de La Victoria. Sin embargo, lo hacen de manera individual y aislada.
Si bien es cierto Ricchary, como organización, no ha desarrollado un proyecto económico social, expresa valores como la solidaridad, la tenacidad, la persistencia, la amabilidad, la reciprocidad y un sentido de comunidad arraigado que hace desenvolver entre sus integrantes fuertes lazos de económico sociales de colaboración mutua que los constituyen en la práctica en una red de solidaridad y cooperación.
El trabajo no asalariado es lo que prima en Ricchary y en casi todas las organizaciones de desplazados de San Juan de Miraflores. Es decir, faenas dominicales, ayuda recíproca, relaciones cotidianas comunitarias, un sentido de hermandad. Sus miembros se saludan como “hermanos” o “hermanas”, al indagar al respecto, respondieron que se sienten hermanos ya que provienen del mismo lugar.
Sin embargo, la junta directiva manifiesta su preocupación no solo porque sienten que los dirigentes terminan cargando con todo el peso de bregar por obtener derechos (centrado en el logro de reparaciones en salud, educación y vivienda), sino porque sienten que poco a poco este sentido de comunidad se va perdiendo.
Por su parte, Silvino Cueva menciona el “cansancio” de la gente, después de haber esperado tanto y haber salido adelante por su cuenta ¿para qué apoyar al dirigente? ¿para qué organizarse y exigir al Estado? No es posible dejar de mencionar que de los 69 mil desplazados registrados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sólo el diez por ciento esta organizado. Sin embargo, considera importante que organizaciones como Ricchary vayan más allá del reclamo o la demanda por reparaciones y propongan la necesidad de que aprovechando sus valores y cultura comiencen a desarrollar proyectos económico sociales, o que propongan la creación de puestos de trabajos en los distritos donde viven.
Esta misma necesidad es percibida por los dirigentes de Ricchary, quienes comienzan a tender puentes con la municipalidad del distrito, organizaciones no gubernamentales, Defensoría del Pueblo, ministerios y otras organizaciones de desplazados, para un trabajo conjunto.
Ricchary tiene planificado empezar a trabajar un proyecto de microcrédito, dirigido a sus asociados y familias, con la reparación colectiva de aproximadamente cien mil soles que reciba departe de la CMAN.
Podemos concluir afirmando que Ricchary tiene desafíos por delante, en especial, sus dirigentes, se hace necesario fortalecer la relación entre bases y dirigentes para así aprovechar valores como la solidaridad y la cooperación propios de esta organización; pero también fortalecer el desenvolvimiento de las relaciones económico sociales que práctican, sustentadas en el trabajo comunal no asalariado; y su sentido de comunidad y hermandad.
Aunque el camino de Ricchary para desplegar este tipo de relaciones económico sociales es largo, sentimos que tiene las bases para hacerlo; lo que se hace necesario, desde la academia y desde el Estado, es una mayor preocupación por visibilizar cómo se desenvuelven. No basta con un reclamo por verdad, justicia, memoria o respeto a los derechos humanos, si no va de la mano con el fortalecimiento de prácticas económico sociales que reproduzcan particulares tipos de relacionamiento, como los desenvueltos por las y los desplazados, y que exigen ser reconocidos en su diferencia.